Mientras más evidente es el fracaso de la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico, más publicidad gubernamental aparece en los diversos medios, tratándonos de convencer de las bondades de dicha estrategia. Es típico subsanar la falta de resultados con propaganda. Sobre todo en medio de una guerra. Recuerdo la de las Malvinas, cuando los argentinos sufrían derrota tras derrota frente a los británicos (como no podía ser de otra manera), mientras, la propaganda oficial convencía a los ciudadanos de que las fuerzas armadas nacionales cosechaban victoria tras victoria. Y de pronto vino el choque con la realidad. Aquí el desencanto no será de golpe, porque los capos no derrocarán al Estado mexicano (ni pueden ni quieren hacerlo). La derrota consiste en la imposibilidad de reducir la narcoviolencia, que más bien se incrementa. Pero de eso la ciudadanía no se percatará de inmediato, debido al cuento de que la mayor violencia que se registra en las calles es inequívoca señal de que la guerra se está ganando. No deja de ser significativo que quien durante el gobierno de Fox sostenía esa misma tesis, hoy escriba que la única solución es legalizar las drogas. Lo mismo dijo con William Bennet, un zar norteamericano de las drogas, al abandonar su cargo. ¿No ocurrirá lo mismo dentro de seis años con quienes hoy sostienen que la guerra es la única alternativa? ¿Cuántos de quienes desde el gobierno justifican esta carnicería, en realidad en sus adentros están convencidos de su futilidad?
Mientras el gobierno nos inunda de una publicidad tan optimista como falsa, los noticieros reflejan pormenorizadamente los descalabros de ambos bandos, pero incrementando la impresión de que el Estado mexicano va perdiendo (no cuantitativa, sino cualitativamente, como en Irak). Por lo pronto, empezamos a caer en la confusión entre fines y medios de la ruta elegida. Se supone que los operativos buscan —como lo asegura la sofocante publicidad oficial— proteger a los ciudadanos de los narcos, para impedir que la droga "llegue a nuestros hogares". Bueno, en general, los narcos no afectan directamente a los ciudadanos de a pie, sino incluso a muchos benefician de diversas maneras. Y eso de que la droga no llegue a nuestros hogares, pues depende de los miembros de la familia. Si cada uno de ellos rechaza la droga por convicción, por más droga que se produzca y comercialice en México los narcóticos no llegarán al hogar. En cambio, si alguien es amigo de consumirla, encontrará la forma de conseguirla, así el país esté sumido en un pantano de violencia anticárteles.
La persecución de los sicarios y los narcomenudistas puede en cambio implicar la afectación del ciudadano medio en sus derechos básicos, como ya ocurrió en Michoacán. Quizá José Luis Soberanes, como muchos sugieren, haya adelantado un informe sobre este asunto buscando limpiarse la cara por el cochinero de Zongolica. Pero eso mismo no borra los abusos cometidos por algunos soldados hacia vecinos de Apatzingán y Cuarácuaro; allanamientos ilegales de morada, golpes y maltratos, abuso sexual. Esperemos que el informe de la CNDH no vaya cambiando y termine declarando a los soldados víctimas de abusos por parte de los michoacanos. Que se les diga a esos ciudadanos así vejados que todo es por su propia protección contra la droga. Que más vale que lleguen a sus hogares uniformados abusivos (que no depende de uno), a que lleguen los narcóticos (que sí depende de uno).
Como si consumir o no droga no fuera un acto de decisión personal, en el que se asumen individualmente las consecuencias de abusar de ellas (como ocurre, para no ir más lejos, con el tabaco o el alcohol). Se dirá que eso es cierto tratándose de adultos, pero los niños son más vulnerables. Sí, sobre todo porque la prohibición estimula a que los narcotraficantes se acerquen a jóvenes y niños, para hacerlos adictos. Entonces, para proteger a los menores, es mejor que lleguen los uniformados para que los niños vean cómo son vejados y torturados sus padres, y mermado su patrimonio. Así como se realizan encuestas para palpar cómo percibe la población los operativos antinarcos, hasta ahora favorables a Calderón, debieran hacerse otras encuestas con preguntas como: ¿Le perjudicaría más que los capos comercialicen su ilícito producto o hallarse de pronto en medio de una balacera entre narcos y militares?, ¿qué le preocuparía más, que su hija tenga acceso a la droga o que pueda ser violada por policías y soldados al perseguir a narcotraficantes (aunque lo segundo no impida lo primero)?, ¿está usted dispuesto a caer como ‘daño colateral’ en aras de que eventualmente —o nunca— los cárteles de la droga sean desmantelados?
Y es que, si bien en esta guerra, hasta ahora, las víctimas de los abusos gubernamentales han sido unas cuantas, esos ciudadanos estaban también contemplados dentro del universo al que se busca proteger de la droga y la violencia callejera. Que en una comunidad pequeña no sea fácil distinguir a los narcos de los ciudadanos normales o que haya interacción de unos y otros, no justifica los atropellos. Y si no se pone algún remedio, pronto otros ciudadanos, en diversos puntos del país (pues la guerra abarca casi toda la geografía nacional), podrán estar en situación semejante. Sólo si se castiga a los responsables de esos abusos podrá quizá sentarse un precedente para que los uniformados se refrenen al perseguir a sicarios. El problema no radica tanto en si participa o no el Ejército en esta guerra, sino en la estrategia en sí, que fácilmente puede trastocar medios con fines. Agraviar y vejar a ciudadanos… en aras de su protección.
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